Al menos 25 centros de Planned Parenthood han cerrado sus puertas en Estados Unidos tras la entrada en vigor de una medida federal que suspende por un año los reembolsos provenientes de los programas públicos de salud Medicaid y Medicare. La disposición forma parte de la ley One Big Beautiful Bill Act, firmada por el presidente Donald Trump el pasado 4 de julio, actualmente impugnada en tribunales federales.
Los cierres afectan a clínicas ubicadas en varios estados, incluyendo cinco en el norte de California, cuatro en Iowa, Michigan y Minnesota, dos en Ohio y Utah, y una en Vermont, Nueva York, Indiana y Texas, según comunicó la propia organización. “Estamos desconsolados e indignados de tener que cerrar cinco de nuestros centros de salud y eliminar tres servicios cruciales”, expresó Planned Parenthood en sus redes sociales, calificando la medida como “una prohibición encubierta del aborto”.
El impacto podría agravarse en los próximos meses: según la Federación Planned Parenthood de América, la disposición amenaza con cerrar cerca de 200 centros, es decir, el 60 % de sus instalaciones en todo el país. Según su informe anual, alrededor del 40 % de los ingresos de la organización —unos 800 millones de dólares— provienen de fondos públicos, principalmente mediante reembolsos de Medicaid y Medicare.
Desde el movimiento provida, la decisión fue recibida con entusiasmo. Kristan Hawkins, presidenta de Students for Life of America, celebró los cierres como “una victoria para los bebés en California”, mientras que el investigador Michael New, del Charlotte Lozier Institute, sostuvo que la respuesta de Planned Parenthood era previsible y que la reducción de operaciones constituye “una victoria para el movimiento provida”.
La controversia en torno a la financiación pública de Planned Parenthood continúa siendo uno de los temas más polarizantes del debate político y social en Estados Unidos, especialmente de cara a las elecciones presidenciales de 2026.
