CIUDAD DE MÉXICO – En un operativo sorpresivo y de fuerte impacto simbólico, el Gobierno de la Ciudad de México, con respaldo de la Guardia Nacional, intervino y desalojó este viernes un predio histórico en el que operaban el Seminario Teológico Anna Sanders y la iglesia “Jesucristo Luz a las Naciones”, ambos pertenecientes a la denominación Asambleas de Dios. La acción fue calificada por líderes religiosos como una expropiación de facto y un preocupante precedente para la libertad religiosa en el país.
El predio, de más de 10 mil metros cuadrados, está ubicado entre la Avenida Ferrocarril de Cintura, la calle Alarcón y la Avenida Congreso de la Unión. Su historia se remonta a la época colonial: fue un antiguo embarcadero utilizado por Hernán Cortés, albergó un hospital para enfermos incurables bajo el nombre de San Lázaro, y posteriormente pasó a manos de las Asambleas de Dios, quienes establecieron allí una iglesia, un seminario, oficinas administrativas y un sistema de arrendamiento a terceros.
Sin embargo, el predio también ha sido centro de controversias legales durante años, principalmente por el deterioro de los vestigios coloniales del antiguo templo de San Lázaro, y por su ubicación estratégica en una zona comercial de alto interés económico.
La forma y el momento del desalojo han despertado críticas y alarma. Según representantes de Asambleas de Dios, no existía una sentencia firme que justificara la medida, y los procesos judiciales aún estaban en curso. “Se trata de una acción desproporcionada y con tintes ideológicos. No es solo un desalojo, es un mensaje”, señalaron desde la institución, que ya prepara su defensa legal.
El Seminario Anna Sanders, con más de 55 años de historia en la formación de líderes cristianos, quedó cerrado tras el operativo. Lo mismo ocurrió con la iglesia local, que congregaba a cientos de fieles cada semana.
Las autoridades locales justifican la intervención bajo el argumento de “utilidad pública”, amparadas en la presencia de vestigios históricos deteriorados. Sin embargo, sectores evangélicos y defensores de derechos civiles advierten que se abre la puerta a una ofensiva sistemática contra propiedades religiosas, especialmente en un contexto donde más del 70% de los templos en México se encuentran en terrenos de dominio federal.
La medida ocurre en un momento en el que el gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha sido objeto de cuestionamientos por su postura secular extrema. En la capital, bajo el mando de Clara Brugada, se han registrado decisiones culturales polémicas, como la proyección de imágenes prehispánicas, LGBT y proaborto sobre la Catedral Metropolitana, lo que fue considerado por muchos creyentes como un agravio simbólico.
Para líderes religiosos, lo ocurrido en el predio de las Asambleas de Dios no es un hecho aislado, sino una señal de alerta. “La fe no puede ser marginada ni expulsada con fuerza del espacio público. Hoy fue una iglesia evangélica, mañana puede ser cualquiera”, advirtieron.
El desenlace de este caso será clave para determinar los límites de la acción estatal sobre espacios religiosos en México y para evaluar el futuro de la libertad de culto en el país.
