El Senado y la Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobaron la “Ley para la protección de la salud y el bienestar de los menores de edad en Puerto Rico”, una normativa que prohíbe todo tipo de intervención médica destinada a modificar el sexo biológico de menores bajo el pretexto de una transición de género.
Entre los procedimientos prohibidos se encuentran los tratamientos hormonales, el uso de bloqueadores de pubertad y las intervenciones quirúrgicas. La ley argumenta que estos métodos presentan “riesgos físicos, emocionales y psicológicos”, y que los menores aún no cuentan con la madurez emocional ni cognitiva suficiente para tomar decisiones de tal magnitud e impacto irreversible.
“La identidad de un menor puede evolucionar naturalmente con el tiempo, por eso el Estado tiene la responsabilidad de proteger su desarrollo integral”, señala el texto legal. Asimismo, se indica que las instituciones públicas o privadas que reciban fondos estatales no podrán financiar, promover ni facilitar estas prácticas, ya que se consideran “no éticas, ilegales y contrarias al mejor interés de los niños y adolescentes”.
La legislación solo contempla excepciones en casos médicos específicos como el hermafroditismo o disfunciones genéticas u hormonales fisiológicas, debidamente certificadas por un pediatra.
Además, el Departamento de Educación y el Departamento de Salud de Puerto Rico deberán implementar programas de educación y concienciación dirigidos a padres, profesionales y a la sociedad en general, que informen sobre los riesgos de las intervenciones de cambio de sexo en menores y promuevan el respeto y el bienestar emocional de todos los niños.
En cuanto a las sanciones, toda persona que viole esta normativa será castigada con una pena fija de 15 años de prisión. Si el infractor es un profesional de la salud, también perderá su licencia para ejercer. En el caso de personas jurídicas, la ley prevé multas de hasta 50.000 dólares por cada violación, revocación de licencias y prohibición permanente de operar en Puerto Rico.
Esta ley coloca a Puerto Rico entre los territorios que han adoptado medidas legislativas restrictivas sobre este tema, en medio de un debate global sobre la ética, los derechos de los menores y la intervención médica en cuestiones de identidad de género.
