La Fiscalía General de Colombia confirmó el hallazgo de los cuerpos de los ocho evangélicos secuestrados hace varios meses en el municipio de Calamar, en el departamento de Guaviare. Los restos fueron localizados en una fosa común, en medio de una operación humanitaria encabezada por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), gracias a información proporcionada por actores armados en la zona.
Las víctimas —James Caicedo, Óscar García, Máryuri Hernández, Maribel Silva, Isaid Gómez, Carlos Valero, Nixon Peñaloza y Jesús Valero— eran miembros de los concilios evangélicos Alianza de Colombia y Cuadrangular, e integraban una comisión humanitaria que fue citada por disidencias de las FARC antes de su desaparición.
De acuerdo con el informe de la Fiscalía, los responsables serían miembros del grupo liderado por alias Iván Mordisco, quienes ejecutaron a los cristianos bajo acusaciones infundadas de colaboración con el ELN. Las autoridades descartan cualquier nexo entre las víctimas y organizaciones armadas ilegales.
La comunidad evangélica colombiana recibió la noticia con profunda consternación. La Confederación Evangélica de Colombia (CEDECOL) expresó a través de la red X su “profunda consternación, indignación y rechazo ante el vil asesinato de ocho líderes cristianos”.
Mientras tanto, familiares y habitantes del Guaviare denuncian la falta de presencia estatal y aseguran haber quedado atrapados entre dos grupos armados. “El gobierno nos dejó solos”, afirman, al tiempo que señalan la inacción de las autoridades locales y nacionales, incluyendo al alcalde de Calamar, quien hasta el momento no se ha pronunciado.
La organización Puertas Abiertas, que monitorea la situación de los cristianos perseguidos, advirtió en su último informe que Colombia sigue siendo un país peligroso para los líderes cristianos, especialmente en zonas controladas por guerrillas y bandas vinculadas al narcotráfico. “Estos grupos consideran a los pastores una amenaza, ya que su labor espiritual compite con la captación de jóvenes para la guerra”, alertaron.
La tragedia revive el debate sobre la libertad religiosa, la seguridad en regiones remotas y la urgente necesidad de una respuesta estatal integral para proteger a las comunidades vulnerables, en especial aquellas que, como la cristiana evangélica, siguen promoviendo la paz en medio del conflicto.
