El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) envió el 26 de agosto cartas oficiales a 40 estados, al Distrito de Columbia y a cinco territorios, advirtiendo que la continuidad de las subvenciones del Personal Responsibility Education Program (PREP) dependerá de la eliminación de referencias a la llamada “ideología de género” en los materiales educativos.
Según la agencia, algunos contenidos previamente aprobados fueron incluidos por error y actualmente no cumplen con la normativa del programa, cuyo objetivo es prevenir el embarazo adolescente y promover educación en salud sexual para jóvenes en situación de vulnerabilidad.
El secretario adjunto interino del HHS, Andrew Gradison, declaró: “Llega la rendición de cuentas. Los fondos federales no se utilizarán para envenenar las mentes de la próxima generación ni para promover agendas ideológicas peligrosas”.
Los estados y territorios tienen 60 días para presentar los materiales revisados, que serán evaluados por la administración federal. La financiación anual total que podría verse afectada asciende a más de 81 millones de dólares, distribuida según población y diseño de los programas.
Ejemplos de contenidos cuestionadosVermont: Se objetó la definición de género como “las ideas en una cultura o sociedad sobre las formas apropiadas en que hombres y mujeres deben vestirse, comportarse, pensar y sentir”, así como la explicación sobre identidad de género.
Washington: Se cuestionan recursos que indican que la identidad de género de un menor puede diferir del “sexo asignado al nacer” y que se manifiesta desde los 18 meses hasta los 5 años.
Dakota del Sur: Se impugnó una pregunta frecuente que diferenciaba entre el sexo asignado al nacer y la identidad de género.
Como antecedente, en agosto California perdió su subvención de PREP, por más de 12 millones de dólares, tras mantener conceptos vinculados a identidad y diversidad de género, aunque las autoridades estatales defendieron la validez médica de sus materiales.
La medida forma parte de un conjunto de directrices federales de 2025 que obligan a usar la categoría de “sexo biológico” en políticas y materiales educativos, revisando los programas que incluyan lo que el Gobierno federal considera ideología de género.
