La Corte Suprema de Estados Unidos analiza si acepta revisar una petición que busca anular el fallo Obergefell v. Hodges, decisión de 2015 que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país. La solicitud fue presentada por Kim Davis, exsecretaria del condado de Kentucky, quien en su momento fue encarcelada por negarse a emitir licencias matrimoniales a parejas LGBTQ+ alegando motivos religiosos.
El caso recuerda al precedente de Roe v. Wade, que garantizaba el derecho al aborto a nivel federal y fue revocado en 2022, devolviendo a los estados la facultad de legislar sobre la materia. Si la Corte Suprema opta por reconsiderar Obergefell, la definición del matrimonio volvería a depender de cada estado, aunque el gobierno federal seguiría obligado a reconocer uniones celebradas en jurisdicciones donde sigan siendo legales, conforme a la Ley de Respeto al Matrimonio aprobada en 2022.
Actualmente, más de la mitad de los estados mantienen leyes o resoluciones en contra del matrimonio igualitario, que hoy se encuentran inaplicables gracias al fallo de 2015. En lo que va de 2025, al menos nueve estados han introducido medidas para restringir estas uniones o han pedido abiertamente al Supremo que revierta la sentencia.
Entre los magistrados conservadores del alto tribunal, Clarence Thomas y Samuel Alito ya han manifestado públicamente su desacuerdo con Obergefell. Alito advirtió recientemente que el caso “ejemplifica los riesgos” de imponer definiciones nacionales sobre cuestiones de alta sensibilidad social.
Aunque las encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses respalda el matrimonio igualitario —con un 70% de apoyo en 2025, según Gallup—, el consenso se ha estancado en los últimos años y ha caído con fuerza entre los votantes republicanos, pasando del 55% en 2021 al 41% en la actualidad.
De aceptarse la revisión, la decisión de la Corte Suprema podría redefinir no solo la legislación matrimonial, sino también el alcance de la autonomía estatal y las libertades religiosas en el país.
