Isabella Cêpa, una activista feminista brasileña, obtuvo estatus de refugiada en Europa tras enfrentar una condena de hasta 25 años de prisión en Brasil por “misgendering” a una diputada transgénero. Este caso, el primero en la historia con estas características, ha generado un intenso debate sobre los límites entre la libertad de expresión, las leyes antidiscriminatorias y la persecución política por opiniones disidentes.
El conflicto comenzó en 2020, cuando Erika Hilton, mujer trans y edil electa en São Paulo, fue objeto de críticas públicas por parte de Cêpa, quien cuestionó la legitimidad del concepto de mujer al referirse a Hilton en un video que rápidamente fue denunciado por transfobia. La fiscalía brasileña calificó los comentarios como “racismo social”, un delito introducido en 2019 que tipifica la discriminación hacia personas LGBT+ como una forma de racismo, con penas que pueden alcanzar hasta 25 años de cárcel.
Ante la creciente presión legal, Cêpa fue retenida en el aeropuerto de Salvador en 2024 cuando intentaba viajar a España. Sin embargo, tras una evaluación, las autoridades federales brasileñas reconocieron indicios de persecución política y le permitieron continuar su viaje, recomendándole no regresar al país.
Desde entonces, Cêpa vivió en condición de apátrida hasta que formalizó en junio de 2025 una solicitud de asilo en Europa, que fue aprobada con el respaldo de la Agencia de Asilo de la Unión Europea. Por motivos de seguridad, no se ha revelado el país receptor.
El caso de Isabella Cêpa abre un precedente internacional, siendo la primera mujer reconocida como víctima de persecución estatal por disentir públicamente sobre la ideología de género. Además, refleja una tendencia en Brasil donde otras personas, incluidas activistas y académicos, enfrentan procesos legales por expresiones consideradas transfóbicas.
Organizaciones como la feminista MATRIA destacan la importancia global de este caso y subrayan que “la única vía que le quedó fue recurrir a una medida extrema: pedir asilo político”. Desde su exilio, Cêpa se ha convertido en símbolo de los movimientos críticos hacia las leyes de identidad de género y su impacto en la libertad de expresión.
