"Antes del terremoto, el techo de mi casa ya se filtraba y cuando llovía, yo amanecía con mis muchachos sentada en el piso, porque no teníamos dónde dormir. El terremoto terminó de mover el techo y ya no puedo estar ahí dentro".
El caso de Filadelfia Palacios Valencia, una mujer de Quibdó que ha tenido que refugiarse con tres hijos y dos nietos en casa de una vecina, es el de muchos colombianos, que ya vivían una situación precaria antes de que el sismo de 7,4 no solo destruyera sus casas, sino partiera también su vida en dos.
A un mes de esa mañana del 10 de agosto, la atención ha comenzado a desplazarse de la asistencia de emergencia a un objetivo de mediano y largo plazo para el que muchos no están preparados: la reconstrucción.
"Los primeros días nos preguntábamos dónde va a dormir la familia esta noche y ya hoy estamos hablando del restablecimiento de medios de vida", apunta Margarita Ramírez Leiton, coordinadora regional para el Valle del Cauca de la organización no gubernamental Ayuda en Acción, que brinda apoyo a las comunidades.
Sin embargo, el puente para pasar de un punto a otro no existe para muchos afectados. A casa de Ricardo Orobio, un hombre con discapacidad visual que vive en el barrio El Caney de Cali, todavía no han acudido los inspectores para verificar los daños, a pesar de las tres grietas que atraviesan de un lado a otro la pared principal de su habitación.
"Cada día hemos notado que se va abriendo un poco más, ya que todos estos días ha estado temblando", relata, en alusión a las múltiples réplicas que siguen sacudiendo las zonas afectadas y mantienen vivo el terror de aquel 10 de agosto.
Un ingeniero inspecciona un edificio dañado por el terremoto del 10 de agosto de 2026, cuando se cumple un mes del desastre. Cali, Colombia, 9 de septiembre de 2026.
"Sí me preocupa que mañana o pasado haya otra emergencia y se nos caiga el techito encima o las paredes", reconoce Ricardo, para quien el miedo no es solo un recuerdo fresco, sino un estado físico. "He venido con mareos, vértigo, dolor en los oídos, casi no puedo dormir".
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La de Ricardo es la situación de muchos de los que vivieron esa mañana en la que la tierra desató su furia.
"Que el miedo se mantenga es normal ante situaciones de crisis", apunta Luis Miguel Pérez, psicólogo de Ayuda en Acción que ha prestado asistencia a muchos sobrevivientes. "También hay culpa, hay duelo, pero lo más recurrente es el temor de que vuelva a ocurrir, incluso una vez ya ha pasado el riesgo mayor".
Para muchos afectados, el terremoto es solo parte del problema. Pérez reporta haber atendido a personas que habían pasado por otros traumas, como el desplazamiento forzado, o que ya vivían situaciones de vulnerabilidad, como miembros de la comunidad LGBTIQ+, que ahora también deben lidiar con las consecuencias del desastre natural.
"El Valle del Cauca es una región con diferentes condiciones de vulnerabilidad y desigualdad preexistentes", destaca el psicólogo. "Allí el conflicto armado está muy presente, en las comunidades hay diferentes grupos armados y esto conlleva a diferentes situaciones de riesgo. En este proceso me ha tocado atender a una persona que estaba bajo amenaza, y en su proceso de desplazamiento, es afectada por el terremoto".
La demora en la ayuda oficial, sobre todo desde el Gobierno nacional, que sigue sin llegar a varias poblaciones, ha generado en muchos sobrevivientes una sensación de indefensión, pero Pérez apunta que la percepción de haber perdido las redes de apoyo naturales es una manifestación más frecuente.
"Familia y amigos están afrontando un proceso de recuperación individual", señala Pérez. "Esta situación fragmenta de alguna manera y hace sentir que 'ya no cuento con esta persona'. La crisis lleva a que cada quien se encargue de sus propias emociones y estrategias de afrontamiento, porque hay necesidades básicas que deben ser cubiertas de manera individual".
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Margarita Ramírez Leiton apunta que el terremoto ha golpeado de distinta forma en el Valle del Cauca. "La realidad es muy distinta en la ciudad y en la zona rural. En municipios como Darién y Yotoco estamos viendo la mayoría de las casas afectadas, con avisos que indican que la edificación está averiada y la familia necesita apoyo", relata.
Son letreros dejados por los propios vecinos en muchos casos. En El Caney, Ricardo Orobio no solo sigue esperando por una inspección, sino también que se cumplan soluciones concretas que fueron ofrecidas y no se han materializado.
"El gobierno sacó una resolución que decía que iba a haber alivios para servicios públicos, pero hoy casualmente me llegó el recibo de electricidad con un cobro excesivo", cuenta.
"Cali en este momento es una ciudad devastada, que nos pone tristes, pero tiene resueltos sus servicios", apunta Ramírez Leiton. "En la zona rural hay una afectación de acueductos, que pone el saneamiento básico en la mira, como materia urgente".
En la ciudad, las soluciones para servicios públicos como el suministro de agua han sido autogestionadas muchas veces por vecinos que se surten de los tanques de edificios afectados para abastecer sus nuevos albergues, al menos de forma transitoria, pero en las áreas rurales, esa alternativa no está al alcance.
Leiton describe poblaciones como Darién y Yotoco en las que las escuelas han resultado destruidas y los niños asisten a clases en carpas. "La emergencia está pasando, pero la afectación sigue, y eso es algo que no debemos perder de vista. Hay que tener un compromiso sostenible, seguir movilizando la solidaridad a largo plazo", advierte.
Para muchos de los afectados, dejar sus hogares es más que perder condiciones logísticas de subsistencia. "Con todo esto aprendí que lo material es muy importante, porque allí también está la vida de las personas, la historia. Las pertenencias también tienen que ver con lo simbólico, con la memoria", admite Ramírez Leiton.
San José del Palmar fue el epicentro del terremoto. Más de mil viviendas resultaron afectadas, aunque apenas un centenar registraron pérdida total o fueron declaradas inhabitables.
Sin embargo, esta población del Chocó sigue afrontando sus propios desafíos. Aún no ha recibido ayuda del Gobierno nacional, una asistencia que el alcalde León Fabio Marín Moncada estima que está "en proceso", y mientras tanto debe afrontar fallas eléctricas y una falta casi absoluta de agua.
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La Gobernación del Chocó entregó tanques de almacenamiento, pero es una respuesta insuficiente para un problema mucho más grande.
"En el campo a la gente se le escondió el agua, con el movimiento (de la tierra) los manantiales se profundizaron, se perdieron", describe Marín Moncada. "La gente viene a la alcaldía a pedir apoyo, pidiendo mangueras y tuberías para conducir agua que ahora hay que conseguir mucho más lejos".
Antes del terremoto, las poblaciones se abastecían con acueductos veredales, tanques dotados con desarenadero y tuberías que conducían el agua a las viviendas desde quebradas cercanas, en uno de los departamentos con mayor riqueza hídrica de Colombia.
Después del 10 de agosto, esas aguas se secaron o comenzaron a brotar en zonas mucho más lejanas, que obligan a hacer mayores esfuerzos para transportarlas.
El alcalde Marín Moncada espera que San José del Palmar pueda salir de esta tragedia dotado de un acueducto para la cabecera municipal, que sufrió daños estructurales en la tubería subterránea, por lo que el suministro de agua se ha visto afectado también en las zonas urbanas, donde la presión es insuficiente para abastecer a todas las calles del pueblo.
La alcaldía ha destinado partidas especiales para reparar los trapiches y restaurar la industria de producción de panelas (bloques de caña de azúcar, también conocidos como piloncillos o papelón), uno de los impulsos principales de la economía local, pero Marín Moncada reconoce que "no es suficiente".
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La situación de Filadelfia Palacios Valencia ya era precaria antes de la tragedia. Vivía en una casita destartalada que un conocido le cedió y mantenía a su familia haciendo labores de limpieza en Quibdó, la capital del Chocó.
Ahora se acomoda junto a tres de sus hijos y dos nietos de siete y tres años en la casa de una vecina que ya le ha pedido que busque otro lugar donde vivir.
"No tengo cómo pagar arriendo, yo vivo de aseos, nunca he tenido un sueldo fijo, pero tampoco puedo seguir durmiendo en el suelo con los 'pelaos', eso me hace daño, me tiene enferma con la gastritis", cuenta Filadelfia.
Hasta ahora para ella todo han sido soluciones parciales. En su alojamiento actual puede dormir, pero no cocinar, así que debe ir a preparar la comida para ella y sus hijos en una casa diferente, "una librita de arroz y unos huevitos para todos, eso es todo lo que puedo darles, aunque a veces la niña se me canse de repetir".
Un hombre se sienta fuera de una casa, tras el terremoto del 10 de agosto, en Quibdo, Colombia. 16 de agosto de 2026.
Filadelfia participó en el censo que determinó las necesidades habitacionales en Quibdó, pero cuenta;: "Cuando fui a revisarme en la alcaldía, supe que mis papeles se perdieron y ahora ya no aparezco como damnificada".
La escuela de su hija de 10 años y su nieta de siete sufrió averías y ahora las niñas deben asistir a clases virtuales a través de celulares, pero ella no tiene suficiente dinero para las recargas de datos.
Su hijo discapacitado de 17 años tiene derecho a una partida asistencial, pero ella teme que el joven, con la edad mental de un niño de ocho años, sea víctima de la violencia del sector donde viven, si tuviera que retirar él mismo esta ayuda. "Si yo pudiera recibir la consignación, a lo mejor podría darles una vivienda, pero mientras tanto vivimos una vida muy pesada, muy mala".
Einer Pérez no perdió nada en el terremoto. Su casa en Buenaventura, el principal puerto de Colombia, se mantuvo en pie mientras otras de su barrio se derrumbaban. La oficina de la empresa de transporte pesado donde trabaja apenas sufrió daños menores y, a diferencia de muchos amigos y conocidos, él pudo conservar su empleo.
Quedar ileso en medio de la devastación fue para él una señal. "Si Dios me tiene aquí vivo y no me pasó nada, es por algo", se dijo a sí mismo.
Desde el 10 de agosto, Einer y su esposa se han convertido en los conductos de una red de solidaridad encabezada por los camioneros que llevan mercancía hasta la empresa donde trabaja.
"Muchos me traen mercados completos, algunos me acompañan a repartirlos en los barrios de la ciudad, hace poco pudimos ayudar a 30 familias", relata.
Los residentes locales buscan materiales que aún puedan usarse en el lugar de casas derrumbadas tras el terremoto del 10 de agosto que sacudió a Colombia. Buenaventura, 15 de agosto de 2026.
La escuela-taller de gastronomía donde trabaja su cuñada sigue preparando comida para los daminificados, un mes después de la tragedia, y una prima ha enviado ropa donada desde Cali, que la esposa de Einer se ha encargado de repartir.
"En mi familia somos chapados a la antigua, nos criamos oyendo que donde come uno comen dos. Aquí hay mucha destrucción, da tristeza ver casas muy bellas por fuera, y luego entrar y ver que se han partido en dos, como si les hubieran dado con un hacha", lamenta Einer.
Las visitas a algunos sectores de la ciudad no han estado exentas de riesgos. Por lo general, son coordinadas con líderes comunitarios, pero les ha tocado ser emboscados por grupos de pandilleros.
"Una vez nos rodearon y creímos que nos iban a robar, pero al final nos invitaron a tomar cerveza para darnos las gracias. En otro barrio sí tocó salir escoltados con la policía", recuerda.
Einer está consciente de que, en una ciudad que antes del terremoto ya arrastraba toda clase de necesidades, va a hacer falta mucho esfuerzo para levantarse de los escombros, pero su esfuerzo es un ejemplo de la reconstrucción de vínculos que el psicólogo Luis Miguel Pérez apunta como primer paso para la recuperación.
"Es importante reactivar esas redes, porque una cosa que se ha demostrado es que, una vez que las personas se pueden volver a poner en contacto y trazar objetivos en común, se puede fortalecer el tejido social", apunta el experto.
