Perú enfrenta denuncias por más de mil casos de abuso infantil sin respuesta judicial en la Amazonía

La provincia de Condorcanqui, en la Amazonía peruana, enfrenta denuncias por más de mil casos de abuso infantil que, según activistas y organizaciones de derechos humanos, no han recibido una respuesta judicial adecuada. Los hechos se contabilizan desde 2014 y afectan a comunidades indígenas awajún y wampis, que reúnen alrededor de 70.000 habitantes.

La situación volvió a cobrar relevancia tras la publicación de un informe periodístico de la BBC sobre las denuncias de violencia sexual contra menores, tocamientos indebidos y agresiones contra mujeres en la región. Ante la gravedad de los hechos, una delegación del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi), vinculada a la Organización de los Estados Americanos (OEA), se trasladó a la zona para evaluar la situación.

Las denuncias describen una crisis que va más allá del ámbito judicial. Según la información difundida, los casos de abuso están acompañados por contagios de VIH entre adolescentes y menores, embarazos tempranos y un deterioro de la salud mental, con un incremento de los intentos de suicidio.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud de Perú citadas en el informe, entre 2014 y 2026 se registraron 190 casos de personas infectadas con VIH en estas comunidades, con edades comprendidas entre los 14 y los 19 años. La situación motivó la declaración de una emergencia en la zona.

Las advertencias sobre la falta de respuesta institucional no son nuevas. En 2024, la Defensoría del Pueblo recopiló testimonios de activistas del Consejo de Mujeres Awajún y Wampis y publicó un informe que señalaba la existencia de alrededor de 500 casos de acoso sexual en centros educativos.

Durante ese mismo año, Milagros Jáuregui de Aguayo, entonces presidenta de la Comisión de Mujer y Familia del Congreso peruano, expresó su preocupación por la ausencia de autoridades del Gobierno en una sesión destinada a abordar las denuncias.

“Es preocupante y lamentable que los ministros de Educación y de Mujer y Poblaciones Vulnerables no hayan tenido la delicadeza de asistir (junio 2024) para informar a esta Comisión sobre las 524 denuncias de violencia sexual realizadas contra docentes, quienes presuntamente abusaron sexualmente de estudiantes menores de edad en Condorcanqui, Amazonas”, afirmó Aguayo en aquella oportunidad.

Posteriormente, los ministros comparecieron ante el Parlamento y distintas bancadas presentaron una moción de censura contra ambos funcionarios. Sin embargo, la iniciativa terminó archivada.

El informe de la delegación del Mesecvi coincide en varios puntos con las conclusiones del Consejo de Mujeres Awajún y Wampis y de la Defensoría del Pueblo. Entre los principales problemas señalados figura la falta de mecanismos judiciales suficientes en la región para investigar los casos, llevarlos ante la Justicia y establecer las sanciones correspondientes.

La acumulación de denuncias y las consecuencias sanitarias y sociales han generado preocupación dentro y fuera de Perú. Mientras las comunidades afectadas reclaman respuestas, se espera un pronunciamiento de las nuevas autoridades gubernamentales sobre las medidas que se adoptarán para atender los casos y garantizar el acceso a la justicia.