El creador de contenido Samuel Adrián fue detenido en Cali, Colombia, luego de incumplir una orden judicial que le exigía retirar temporalmente su documental “Colombia: Fábrica de Niños Trans”.
La producción aborda procedimientos médicos relacionados con la transición de género en menores de edad y cuestiona, según su autor, determinadas prácticas aplicadas en una clínica especializada. La institución mencionada habría solicitado la medida cautelar al considerar que el contenido podía afectar derechos fundamentales de pacientes y profesionales.
El juzgado que intervino ordenó 10 días de arresto por desacato, una sanción contemplada en la legislación colombiana cuando se desobedece una instrucción judicial.
El documental incluye testimonios y grabaciones que, de acuerdo con Samuel Adrián, forman parte de una investigación sobre los procedimientos médicos aplicados a menores. También menciona a profesionales y centros de salud vinculados con estos tratamientos, entre ellos la Fundación Valle del Lili.
La detención generó un debate sobre los límites entre las medidas judiciales, la libertad de expresión y la protección de menores. Mientras la justicia colombiana sostiene que actuó para garantizar derechos fundamentales, voces públicas de la región cuestionaron la medida y la interpretaron como un posible antecedente de censura.
La defensa del documental
Desde su publicación, “Colombia: Fábrica de Niños Trans” provocó reacciones contrapuestas. Samuel Adrián sostiene que su trabajo busca visibilizar prácticas que considera perjudiciales para menores, entre ellas intervenciones médicas irreversibles y tratamientos hormonales a edades tempranas.
Por su parte, organizaciones y sectores que apoyan los derechos de las infancias y adolescencias trans cuestionaron la forma en que el documental presenta estas realidades y señalaron posibles problemas en la información utilizada para sostener sus argumentos.
El productor afirma que no puede retirar la denuncia porque considera que aborda hechos de gravedad e interés público.
Reacciones políticas desde Perú
La detención también generó pronunciamientos de referentes políticos peruanos de fe evangélica.
El congresista Alejandro Muñante denunció lo que considera un acto de censura y persecución contra quien expone prácticas relacionadas con menores. En una publicación en Facebook, afirmó: “La defensa de nuestros niños no puede convertirse en un crimen” y sostuvo que “la libertad de expresión y el derecho a informar no pueden ser perseguidos”.
Muñante también cuestionó el alcance del Poder Judicial y planteó: “¿Hasta dónde puede llegar el poder para silenciar a quien denuncia?”. Además, defendió el derecho de la sociedad a debatir sobre prácticas que involucran a niños.
En la misma línea, la senadora y activista peruana Milagros Jáuregui de Aguayo expresó su preocupación por las medidas adoptadas en Colombia. Afirmó que “defender a nuestros niños no puede ser motivo de censura” y remarcó que la protección de la niñez y la libertad de expresión deben sostenerse dentro del respeto a la ley y al debido proceso.
La legisladora agregó que “las ideas se responden con argumentos, no silenciando el debate”.
