Meta Platforms, empresa matriz de Facebook e Instagram, aceptó desembolsar 18.000 millones de dólares para resolver las demandas presentadas por 48 estados de Estados Unidos, que acusaban a la compañía de diseñar deliberadamente sus plataformas para fomentar la adicción entre niños y adolescentes.
La demanda, liderada por el fiscal general de California, Rob Bonta, sostiene que Meta creó entornos digitales intencionalmente adictivos y perjudiciales para los menores. La empresa niega las acusaciones y cualquier responsabilidad legal, aunque aceptó el acuerdo millonario, cuyos fondos podrán ser destinados por los estados a programas de seguridad digital y bienestar juvenil.
Bonta destacó el acuerdo y señaló que permitirá “hacer las redes sociales menos peligrosas para nuestros hijos”. Según lo anunciado, Meta deberá implementar transformaciones masivas en cuestión de meses.
Entre las medidas contempladas se encuentran límites diarios de uso para menores, restricciones nocturnas y una reducción de las notificaciones durante el horario escolar. También se prevén mecanismos de verificación de edad más estrictos, controles parentales ampliados y mayores salvaguardas frente al acoso, los trastornos alimentarios, el suicidio y las autolesiones.
El acuerdo se inscribe en una tendencia global en la que gobiernos y organismos reguladores reclaman a las grandes empresas tecnológicas una mayor responsabilidad frente a los riesgos psicológicos asociados al uso intensivo de las redes sociales.
Haley McNamara, del Centro Nacional de Explotación Sexual, consideró que el acuerdo representa un punto de inflexión y afirmó que “la seguridad en línea deja de ser opcional”.
Por su parte, el director legal de Meta, C. J. Mahoney, instó a otras plataformas, especialmente TikTok y YouTube, a adoptar un marco similar de protección. Según sostuvo, los adolescentes “se mueven con fluidez entre decenas de aplicaciones”, por lo que considera necesaria una solución a nivel industrial.
El desembolso de 18.000 millones de dólares representa un fuerte impacto financiero para Meta y, al mismo tiempo, un mensaje para el conjunto de la industria tecnológica sobre la necesidad de evitar que los algoritmos y las dinámicas de interacción pongan en riesgo la salud mental de los usuarios más jóvenes.
Los estados esperan que este precedente impulse una nueva etapa de responsabilidad tecnológica, en la que la innovación avance sin poner en segundo plano el bienestar de los menores.
