La reforma eléctrica en Venezuela abre paso a inversión privada

2026-11-19 14:41:32 - MUNDO

El 10 de noviembre de 2026, la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el oficialismo, sancionó por unanimidad la reforma parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico.

Esta iniciativa forma parte de un paquete de reformas legislativas impulsadas por el régimen interino de Delcy Rodríguez en sectores estratégicos como el petróleo y la minería para abrirlos nuevamente a la inversión privada.

La medida llega en medio de una prolongada crisis energética que compromete tanto las condiciones de vida de la población como la recuperación económica del país. En septiembre se registraron 1.101 protestas ciudadanas en Venezuela; de ellas 531 —casi la mitad, a razón de 18 manifestaciones diarias— estuvieron motivadas por cortes prolongados en el servicio eléctrico, según el Observatorio de Conflictividad Social de Venezuela.

El deterioro del suministro golpea también con fuerza al sector productivo. De acuerdo con la Encuesta de Coyuntura Industrial del III trimestre de 2026 de Conindustria, para el 71 por ciento de las empresas encuestadas, las fallas en el servicio eléctrico constituyen el principal factor que frena la producción y le resta competitividad al sector. Entre julio y septiembre de 2026, las empresas manufactureras acumularon, en promedio, 231 horas laborables sin electricidad, equivalentes al 44 por ciento de su jornada laboral, lo que generó 34.230 dólares en costos operativos adicionales mensuales por empresa.

La crisis ya alcanzó a la capital. El pasado 16 de noviembre, los alcaldes de los municipios Baruta, El Hatillo y Los Salias solicitaron al Ejecutivo Nacional declarar la emergencia por crisis de luz y agua en la Gran Caracas.

Ante la magnitud de la crisis y la insuficiencia de recursos estatales (se estima que la rehabilitación del sistema requerirá inversiones entre los 15.000 y los 40.000 millones de dólares), la reapertura del sector al capital privado constituye un paso indispensable para su recuperación.

Sin embargo, como ya ocurrió con las reformas petrolera y minera, diversos especialistas cuestionan el modelo de apertura económica que impulsa el interinato. Para el ingeniero Jesús Armas, experto en políticas públicas y director de la ONG Monitor Ciudad, la nueva legislación mantiene mecanismos de control político y discrecionalidad que comprometen tanto la posibilidad de atraer inversiones privadas como la transformación del modelo de gestión responsable del colapso del sistema eléctrico.

Para Armas, la reforma no tiene como objetivo resolver el problema eléctrico nacional: "Aquí detrás del tema de la ley se esconden una profunda vocación de dominación y de corrupción. La ley busca cualquier cosa menos la transparencia y la promoción de inversión privada".

El 16 de noviembre de 2026, los alcaldes de los municipios Baruta, El Hatillo y Los Salias solicitaron al Ejecutivo Nacional declarar la emergencia por crisis de luz y agua en la Gran Caracas.Jose Isaac Bula/Anadolu/picture alliance

Uno de sus principales reclamos apunta a la falta de autonomía y neutralidad del ente regulador del sistema eléctrico. Si bien es cierto que la norma crea la Superintendencia del Sistema Eléctrico Nacional como instancia de regulación, control y fiscalización, Armas advierte que este organismo, como en todas partes del mundo, "debe ser independiente, autónomo y altamente técnico". Sin embargo, cuestiona el experto, el texto de la norma establece que su directorio es de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República, sin intervención de la Asamblea Nacional, con lo cual pierde toda autonomía y neutralidad, convirtiéndose en una dependencia más del Ministerio de Energía Eléctrica.

Aunque la reforma contempla la participación privada, mantiene al mismo tiempo amplias facultades del Ejecutivo sobre autorizaciones, concesiones y condiciones económicas. "La reforma abre la puerta al sector privado, pero de manera 'chucuta' (incompleta), y deja todo el control en el mismo escritorio: el del ministerio", cuestiona Armas.

La reforma concentra en el Ministerio de Energía Eléctrica el otorgamiento de las principales concesiones, por periodos de hasta 25 años, sin establecer la obligación general de adjudicarlas mediante licitaciones públicas competitivas. Al mismo tiempo, lo faculta para rescindirlas de forma anticipada por razones de interés público, sin ofrecer garantías suficientemente explícitas sobre la compensación de las inversiones no amortizadas. Para Armas, estas condiciones generan una considerable inseguridad jurídica: "Como no hay unas cláusulas claras de remoción de la concesión, esto puede ser algo totalmente discrecional... Nadie rehabilitará una termoeléctrica si se la van a quitar mañana, sin haber recuperado lo invertido".

A ello se suma la incertidumbre sobre la tarifa y los subsidios, aspectos decisivos para la rentabilidad de las inversiones y cuyos criterios de fijación no quedan establecidos en la ley: "Tenemos unas tarifas muy subsidiadas y la ley no define cómo se van a decidir esas tarifas, así nadie va a invertir en esas condiciones", señala Armas.

Como han documentado especialistas e informes técnicos, entre ellos el informe de la Comisión Mixta para el Estudio de la Crisis Eléctrica de la Asamblea Nacional (2017), uno de los factores determinantes del colapso operativo del sistema fue la centralización iniciada por Hugo Chávez en 2007, que concentró todas las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización en una sola empresa estatal, Corpoelec, gestionada con criterios más políticos que técnicos. Este modelo favoreció la pérdida de autonomía técnica, la desprofesionalización, la opacidad y la corrupción.

Pese a estos antecedentes, la reforma no contempla una transformación profunda de esa estructura ni de su modelo de gestión. "No se está acabando con el elefante en la sala", advierte Jesús Armas. Para el especialista, permitir la incorporación de operadores privados no equivale a establecer una separación efectiva de las actividades del sistema. "Corpoelec sigue siendo el ente que controla todas las etapas del sistema eléctrico nacional", señala.

La crítica es compartida por el ingeniero y expresidente de Hidrocapital José María de Viana, quien, en declaraciones para el medio TalCual, cuestionó que la reforma le otorgue nuevamente poderes extraordinarios a Corpoelec, "como si fuera un organismo meritorio". Para de Viana, la primera medida debió ser disolver Corpoelec y sustituirla nuevamente por un esquema de empresas eléctricas regionales.

En tres sectores estratégicos —electricidad, hidrocarburos y minería—, el interinato de Delcy Rodríguez ha impulsado una apertura económica táctica para atraer capital y responder a presiones geopolíticas.Jose Isaac Bula/Anadolu/picture alliance

Este tipo de deficiencias no es exclusivo de la reforma eléctrica. Por ejemplo, en la reciente Ley Orgánica de Minas, la nueva Superintendencia tampoco cuenta con garantías de autonomía funcional, mientras que la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos eliminó el control parlamentario previo sobre la constitución de las empresas mixtas, sustituyéndolo por una simple notificación posterior a la Asamblea Nacional.

En estos tres sectores estratégicos —electricidad, hidrocarburos y minería—, el interinato ha impulsado una apertura económica táctica para atraer capital y responder a presiones geopolíticas, pero sin desmantelar el modelo de concentración de poder, discrecionalidad del Ejecutivo, opacidad y falta de rendición de cuentas que contribuyó decisivamente al deterioro de estas industrias clave.

Fuente: dw.com