Las autoridades francesas investigan a cerca de 100 instituciones educativas de París tras múltiples denuncias de conductas inapropiadas y abusos contra menores. El caso provocó conmoción en el país y llevó al Gobierno a anunciar nuevas medidas de control sobre el personal escolar.

Una ola de denuncias por presuntos abusos y conductas sexuales inapropiadas contra menores mantiene bajo investigación a unas 100 guarderías, jardines de infancia y escuelas primarias de París, en uno de los mayores escándalos recientes vinculados al sistema educativo francés.

Las acusaciones apuntan principalmente contra auxiliares y animadores escolares encargados del cuidado de niños durante las comidas y actividades extracurriculares. Muchos de ellos trabajaban bajo contratos temporales y desarrollaban tareas recreativas, deportivas y de acompañamiento en los establecimientos.

El caso comenzó a tomar relevancia pública en abril de 2025, cuando varios niños relataron a sus padres haber sufrido abusos sexuales dentro de una guardería. A partir de esas denuncias, la Justicia francesa abrió múltiples investigaciones y en las últimas semanas avanzó con nuevos procedimientos judiciales.

Esta semana comenzó en París un juicio público contra un asistente escolar acusado de agredir sexualmente a nueve menores. La decisión de realizar el proceso de manera abierta resultó inusual para Francia, donde los casos que involucran a niños suelen desarrollarse a puerta cerrada.

Los denunciantes explicaron que tomaron como inspiración el mensaje impulsado por la activista Gisèle Pelicot, quien se convirtió en símbolo de la lucha contra los abusos sexuales tras denunciar públicamente a su esposo. “La vergüenza debe cambiar de bando”, sostienen ahora familiares y abogados de las víctimas.

Además del juicio actual, las autoridades prevén otros tres procesos judiciales durante el verano europeo y se espera un fallo en una causa similar que ya fue juzgada este mes. Medios locales señalan que podrían surgir más denuncias y nuevos casos.

En paralelo, la policía francesa realizó redadas en tres escuelas del distrito 7 de París y detuvo a 16 personas. Tres de ellas fueron imputadas por comportamiento sexual inapropiado hacia menores.

El escándalo generó preocupación y desconfianza entre padres y docentes, mientras crecen las críticas hacia el Ayuntamiento de París por no haber actuado con mayor rapidez frente a las primeras denuncias.

El nuevo alcalde de la capital francesa, Emmanuel Gregoire, anunció decenas de suspensiones preventivas y prometió endurecer las políticas de protección infantil. El dirigente socialista afirmó además haber sido víctima de abuso sexual durante su infancia en una actividad escolar.

Ante la magnitud del caso, el Gobierno francés confirmó la creación de una “lista negra” destinada a impedir que trabajadores apartados por conductas inapropiadas con menores puedan volver a desempeñarse en instituciones educativas, incluso sin condena judicial firme.

La medida fue anunciada por el ministro de Educación, Édouard Geffray, como parte de una nueva ley de protección de la infancia impulsada junto a los ministerios de Justicia y Salud. El proyecto contempla controles permanentes de antecedentes y revisiones periódicas para todas las personas que trabajen con menores.

Actualmente, el sistema educativo parisino cuenta con unos 15.000 auxiliares y animadores escolares distribuidos en distintos establecimientos públicos.