Líderes evangélicos reclaman una investigación independiente por el caso de una fundación en República Dominicana
La intervención en una fundación de La Pared de Haina, donde fueron rescatados 14 menores, generó preocupación entre organizaciones evangélicas. Sus referentes reclaman esclarecer las responsabilidades, proteger a los niños y evitar que la vinculación mediática del principal acusado con el ámbito religioso derive en generalizaciones contra la comunidad de fe.
Hace 16 horas Actualidad 
El rescate de 14 menores vinculados a la Fundación Restaurando Vidas, en la comunidad de La Pared de Haina, República Dominicana, generó una fuerte preocupación nacional y abrió un debate sobre la protección de niños en situación de vulnerabilidad.
La intervención fue realizada por el Ministerio Público y el CONANI. Según las autoridades, los menores se encontraban en condiciones de maltrato, descuido y explotación. Por el caso fueron detenidos Ángel Gabriel Capellán e Isaías Ramón Muñoz Rodríguez, imputados por trata de personas y abuso infantil.
La primera dama, Raquel Arbaje, confirmó además que la fundación había sido cerrada previamente por las autoridades, aunque continuó funcionando sin autorización. La situación puso nuevamente bajo discusión la supervisión y fiscalización de este tipo de instituciones.
El caso también generó inquietud entre organizaciones religiosas debido a la forma en que algunos medios presentaron a Capellán como “pastor” evangélico. La comunidad evangélica aclaró que no es pastor en ejercicio y que no tuvo una vinculación formal ni ministerial con la iglesia evangélica.
Ante esta situación, la Confederación Dominicana de Unidad Evangélica (CODUE), la Alianza Evangélica Dominicana y otras organizaciones solicitaron una investigación independiente que permita esclarecer los hechos y garantizar transparencia.
Entre los principales argumentos planteados se encuentra la necesidad de evitar la estigmatización religiosa y de aclarar que el acusado no forma parte del liderazgo pastoral evangélico. También señalaron que el Estado tiene responsabilidades en la supervisión de centros que trabajan con menores.
Los líderes religiosos reclamaron que el proceso avance con rigor jurídico, sin presiones mediáticas que puedan distorsionar los hechos. También plantearon la necesidad de impulsar reformas legales, incluida la aprobación de la Ley de Trata y Tráfico de Personas.
El caso reabrió además el debate sobre la responsabilidad ética de las organizaciones religiosas que desarrollan tareas sociales y sobre la necesidad de establecer mecanismos de control y protocolos más estrictos para garantizar la protección de los menores.
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